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La modificación legislativa permitirá a las Administraciones alargar el plazo de aprobación de certificaciones más allá de los 30 días

Lunes, 18 de Agosto de 2014Vicente Cerezo Novejarque

La D.Final 1ª de la Ley 13/2014, de 14 de julio, permite alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra más allá de 30 días, lo que puede derivar en un “punto de escape para las administraciones morosas”

El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. Se trata de una nueva normativa que obliga a las administraciones a publicar sus plazos medios de pago a partir del próximo mes de octubre.


La revelación de estos plazos permitirá al Ministerio de Hacienda asumir los pagos pendientes a proveedores si las administraciones están reiteradamente por encima del plazo legal de pago, para después descontárselo de su financiación.


Para la PMcM, la puesta en marcha de esta normativa supone “un impulso en la transparencia y en el reconocimiento de los buenos pagadores, que permiten el desarrollo de las empresas tanto a nivel regional como nacional”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM. Pero, a su vez, lamenta que se permita a las administraciones iniciar el cómputo del plazo medio de pago pasados 30 días desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, y no únicamente pasados 30 días desde la fecha de entrada de la factura en el registro.


En este sentido, hay un aspecto que desde la PMcM se considera “ambiguo y que exige una redefinición”. Se trata de la disposición final primera de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del fondo para los pagos a proveedores. Esta disposición modifica el artículo 216.4 del TRLCSP (Ley de Contratos del Sector Público), y permite nuevamente alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra por encima de los 30 días naturales, siempre y cuando no sea “manifiestamente abusivo” para el proveedor.


 


Las administraciones morosas pueden encontrar en esta expresión ambigua un punto de escape para alargar sus plazos de pago, incluso, ‘sine die’, ya que dilata el plazo de aprobación de las facturas y, por tanto, su fecha de pago. La Directiva Europea y su trasposición a la ley española fija el plazo de pago de las Administraciones Públicas en 30 días, ampliable como máximo a 60 días.


La PMcM ya ha puesto en conocimiento de la UE sus preocupaciones respecto a esta modificación del artículo 216.4 del TRLCSP (Ley de Contratos del Sector Público) propugnada desde la administración central, lo que ha generado desconcierto en el seno europeo. “No podemos dejar una puerta falsa para que las administraciones incumplan sus compromisos de pago, Europa no lo permitirá y nosotros no deberíamos permitirlo”, apunta Cañete.


Por otra parte, la PMcM llevará estas observaciones y propuestas a la comisión mixta constituida con el Ministerio de Hacienda para implantar un régimen sancionador. “Para seguir avanzando, es necesario no permitir ambigüedades en la ley e interpretaciones que creen inseguridad jurídica”, concluye el presidente de la Plataforma.


                                                  


 


 



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