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Publicación de las sentencias condenatorias en materia de fraude fiscal

Lunes, 14 de Septiembre de 2015Vicente Cerezo Novejarque

El BOE ha publicado la Ley Orgánica, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

La nueva Ley aborda en la exposición de motivos como la divulgación de datos personales contenidos en las sentencias judiciales, especialmente en el ámbito penal, puede colisionar con los derechos al honor o a la intimidad, pero añade que «Todos estos derechos, aunque consagrados constitucionalmente, no son absolutos, sino que son de configuración legal, y como tal el legislador puede introducir excepciones y límites por razones de interés público y especialmente cuando colisionan con otros valores también contemplados en la Constitución».


En particular, para el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudación fiscal, mantiene  que  frente al interés del condenado, se alza el interés público, dado que « el bien jurídico protegido en estos casos ha sido elevado a rango constitucional en el artículo 31 de la Constitución Española».


La publicidad de las sentencias condenatorias relevante en materia de control fiscal se realiza mediante la adición de un nuevo artículo, el  235 ter,  en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,  que dispone que  es público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artículos:


a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (defraudación a la Hacienda Pública, tipo general y agravado;  y defraudación a los presupuestos generales de la Unión Europea)


b) Los artículos 257 y 258 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (alzamiento de bienes y ocultación de bienes) cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública.


c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, (delito de contrabando) siempre que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea.


Para la publicación de la información,  el Secretario Judicial emitirá un certificado de los siguientes datos y ordenará su publicación en el BOE: los que permitan la identificación del proceso judicial, nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del responsable civil,  delito por el que se le hubiera condenado, las penas impuestas, la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, según lo establecido en la sentencia.


Sin embargo, la Ley dispone que lo anterior no será de aplicación en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.


La Ley entra en vigor a los dos mese desde su publicación aplicándose a las sentencias que se dicten desde esa fecha.


FUENTE: Boletín COEPA


 



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